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El sector agrícola de Argentina se ve cada vez más frustrado por el control gubernamental de la economía. Protestas de agricultores son rutinarios en Argentina, pero una serie de factores indican que en 2013, las protestas agrícolas serán significativas y podrían llegar a equipararse con las del 2008. Las quejas se centran en una cada vez mayor intervención gubernamental en la economía. El sector agrícola podría verse orillado a tomar medidas importantes, como la toma de calles o la retención de las exportaciones de soja. El gobierno no parece estar dispuesto a satisfacer las demandas de los manifestantes y probablemente tratará de fracturar el movimiento y aumentar la intervención del gobierno en el sector agropecuario.

En marzo de 2008, una propuesta del Gobierno de aumentar los impuestos a la exportación de productos agrícolas provocó grandes protestas lideradas por asociaciones agrícolas. Las protestas se prolongaron durante tres semanas, hicieron caer la popularidad de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner de 51 a 21 por ciento y causaron una escasez de alimentos en Buenos Aires. Al final, más de 250 mil personas habían salido a las calles. El apoyo público y legislativo para las asociaciones agrícolas permitió evitar el aumento a los impuestos de exportación, pero no se abordaron cuestiones estructurales, tales como los controles de precios o las restricciones a la exportación.

La Sociedad Rural Argentina, una de las cuatro principales asociaciones agrícolas en Argentina, amenaza con suspender las exportaciones de soja a partir de abril. Esta es una medida extrema y será difícil de organizar y ejecutar con éxito, pero tendría graves repercusiones para la Argentina y podría afectar los mercados mundiales de soja. Alrededor del 25 por ciento de las exportaciones de Argentina están relacionadas con la soja. Los agricultores quieren utilizar esto como palanca contra el gobierno para obtener concesiones, sin causar escasez de alimentos para la mayoría de la población.

Agricultores argentinos tienen tres quejas principales. Primero, el gobierno argentino está sobrevaluando artificialmente el tipo de cambio, lo que resta competitividad a las exportaciones y merma la rentabilidad. El tipo de cambio oficial es de alrededor de 5 pesos argentinos por dólar, mientras que la tasa en el mercado está cerca de 8 pesos por dólar.

Segundo, los controles de precios al consumo afectan gravemente los productores agrícolas. Los costos de producción de los agricultores están aumentando junto con la inflación (alrededor del 30 por ciento anual), pero el precio de venta en el país se mantiene constante por el gobierno. Los agricultores operan con márgenes relativamente delgados y la inflación de costes junto con el congelamiento de precios hace que la actividad agrícola sea mucho menos rentable. Esto es particularmente cierto para los cultivos como el trigo y el maíz que en Argentina se destinan en gran medida al mercado interno.

Tercero, los agricultores piden una reducción de los impuestos a la exportación, que actualmente se ubican en 35 por ciento para la soja, y una reducción de las restricciones a la exportación. Durante la última década, los controles de precios en el mercado interno han llevado a los agricultores a recurrir a cultivos comerciales que obtienen precios más altos en los mercados internacionales. En la última década, la superficie dedicada a la soja casi se ha duplicado a costo de otros cultivos que se consumen en el país. Para frenar el deterioro de la seguridad alimentaria, el gobierno aumentó constantemente los impuestos a la exportación de soja, por encima del 13 por ciento al 37,5 por ciento en 2007. También obligó a los agricultores a destinar un porcentaje determinado de su producción al mercado interno.

El gobierno se encuentra actualmente en un dilema, ya que necesita urgentemente las divisas e impuestos generadas por las exportaciones de alimentos, pero también es necesario actuar para mantener la producción de alimentos para el consumo interno, especialmente debido al congelamiento de precios. Es probable que el gobierno argentino tratará de mantener la situación actual y de fracturar las asociaciones agrícolas y aumentar el control gubernamental sobre el sector agropecuario.

Fuente: Stratfor – Global Intelligence

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