Hasta hace poco, parecía haber una tendencia clara hacía mayor liberalización en el mercado de insumos para la agricultura, como semillas, fertilizantes, pesticidas y financiamiento.
En los años 60s y 70s del siglo pasado todavía prevalecía la idea de que el Gobierno podía o tenía que hacer todo, incluyendo proveer los insumos o por lo menos tener controlado quién podía proveer qué insumos. La crisis de la deuda del 82 y el derrumbe del comunismo sovietico unos años después demostraron que esto no era sostenible, y que hay muchas cosas que se dejan mejor a la iniciativa privada. Esta convicción llevó al Gobierno a liberar poco a poco los mercados que antes controlaba y la tendencia en efecto sigue al día de hoy con las diversas reformas que están en la mesa.
En el sector de las semillas, a raíz de la Ley de Semillas del 1991, casi inmediatamente se formaban una serie de empresas privadas nacionales y llegaron al país varias multinacionales. Algunas de estas empresas reproducen las mismas variedades del sector oficial y otras tienen sus propios programas de mejoramiento. Como resultado, el agricultur que antes podía escoger entre una semilla criolla y una variedad producida por Pronase, hoy tiene la opción de escoger entre por lo menos una docena de híbridos altamente competitivos que en muchos casos superan en rendimiento a lo que había antes por un factor de dos o más y que además vienen en una gama muy amplia de versiones: Tradicionales, orgánicas, tratadas con insecticidas, financiadas o de contado, etc. (Además siguen disponibles los criollos que no se han dejado de sembrar.)
La tendencia no era exclusiva de México. Muchos países «emergentes» tomaban el mismo camino. En Turquía, por ejemplo, el mercado de semillas de maíz se liberalizó más o menos al mismo tiempo como en México. Esto condujo a una duplicación de los rendimientos en pocos años y generó ganancias adicionales de un estimado de 100 millones de dólares anuales a los productores (Tripp y Gisselquist, 1996).
Sin embargo, últimamente escucho y leo nuevamente más de aquellos que añoran los viejos tiempos y quieren volver a prescribirle al agricultor lo que tiene que hacer. Nunca se callaron las voces que soñaban con que el Gobierno pudiera regular ciertos mercados, o limitar las superficies sembradas de ciertos cultivos para regular los precios. Una especie de monopolio del estado, en efecto. Además hay quienes piensan que los agricultores no son capaces, por sí solos de encontrar una buena semilla y quieren introducir nuevamente evaluaciones obligatorias (a nivel federal o estatal) antes de permitir a los semilleros comercializar una variedad.
Creo que es una tendencia peligrosa. ¿Por qué?
Primero, para evitar malos entendidos y decir lo obvio, un mínimo de regulación es claramente necesaria, por ejemplo donde está en juego la seguridad o los recursos naturales. Sin embargo, el Gobierno tiende a caer en excesos, muchas veces quiere regular lo que no necesita regulación, lo que saben hacer los particulares perfectamente por sí solo. Cuando esto pasa, no solo se gasta el dinero público en balde, sino además se ponen trabas a la actividad económica y al crecimiento del sector.
En conclusión, el agricultor es el último responsable de la elección de insumos. El es quien invierte o arriesga su dinero y tiempo. Está en su derecho y en su libertad. ¿Quién se los quiere quitar?
Referencia: Robert Tripp and David Gisselquist: A Fresh Look at Agricultural Input Regulation. Natural Ressources Perspectives, Number 8, March 1996.
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